Reforma al Sistema General de Participaciones avanza en la Cámara de Representantes

Con 130 votos a favor y 3 en contra, la Cámara de Representantes dio un paso clave para reformar el modelo de distribución de recursos entre la Nación y las regiones. La iniciativa busca fortalecer la autonomía territorial y priorizar sectores clave como educación, salud y agua potable.

Este lunes, la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva del proyecto de ley que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP). Con este resultado, la propuesta del presidente Gustavo Petro avanza hacia una discusión más detallada de su articulado en el Congreso.

La reforma, aprobada en medio de un amplio consenso político, plantea modificar los porcentajes de transferencias a las entidades territoriales. Inicialmente, se propuso un aumento al 39,5%, pero el texto aprobado establece una asignación del 37%. Esta cifra refleja un esfuerzo por equilibrar las demandas de los gobiernos locales con la sostenibilidad fiscal del país, según lo señalado por el Ministerio del Interior, encabezado por Juan Fernando Cristo.

El proyecto propone nuevos criterios de distribución basados en factores como población, niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. También incluye la redistribución de competencias entre el gobierno central y las entidades territoriales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión local.

Prioridades y seguimiento en el uso de los recursos

Los recursos provenientes del SGP estarán destinados principalmente a sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Además, la reforma establece mecanismos de seguimiento para garantizar que las entidades territoriales utilicen los fondos de manera eficiente y cumplan metas de desarrollo territorial.

El respaldo político fue evidente durante la sesión, aunque el proyecto enfrentó críticas como las de la representante Katherine Miranda, quien propuso su archivo sin éxito. A pesar de los cuestionamientos, el resultado de la votación muestra un amplio consenso sobre la necesidad de actualizar el modelo de distribución de recursos públicos en Colombia.