La iniciativa, respaldada por diferentes partidos, busca establecer competencias y procedimientos para resolver conflictos agrarios en Colombia.
Apoyo multipartidista y ajustes clave
El proyecto, que se discute en primer debate con mensaje de urgencia, cuenta con el respaldo de todos los partidos, incluidas bancadas de oposición como el Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia celebró las modificaciones que eliminaron puntos controvertidos como la “expropiación exprés” y el principio de permanencia agraria, garantizando que cualquier expropiación pase por un juez.
“Se incluyeron nuestras propuestas para equilibrar las relaciones y evitar favorecimientos injustos. Ahora contamos con un juez imparcial que respetará la propiedad privada y los acuerdos legales”, afirmó Valencia.
Principales cambios en el proyecto
- Se excluyen temas ambientales, minero-energéticos, comerciales y de familia de la jurisdicción.
- La extinción de dominio agrario será judicial, no administrativa.
- Se eliminan conceptos como “concentración improductiva” y la presunción de veracidad en declaraciones de sujetos protegidos.
- La jurisdicción agraria permitirá resolver liquidaciones patrimoniales (sucesiones) de campesinos mediante acuerdos en esta instancia.
- Se otorgará una rebaja del 90 % en costos de inscripción y registro para quienes tengan amparo de pobreza o SISBEN.
- Se prioriza la posesión pacífica y productiva de la tierra, bajo leyes vigentes.
Un paso hacia la justicia agraria
Para Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, esta reforma es histórica. “Después de más de 100 años, Colombia tendrá una jurisdicción agraria que hará realidad la justicia para el campo y la paz”, afirmó.
El proyecto, que deberá avanzar en la discusión de su articulado, establece la base para una justicia agraria imparcial, centrada en resolver conflictos de manera eficiente y garantizar los derechos de los campesinos, un sector clave para el desarrollo nacional.
